La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que restringiría el acceso al aborto está envalentonando a la derecha española. Apenas trascendió que los jueces estadounidenses estudian revocar el fallo de 1973 que despenalizó la interrupción del embarazo, Vox y la Conferencia Episcopal comenzaron a agitar la idea de un cambio en la legislación local. Sin preludios, la diputada ultraderechista Lourdes Méndez pidió al Tribunal Constitucional que avanzara en la misma dirección que los magistrados en Washington.
Méndez, militante del Opus Dei, contó con el respaldo del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, pero el reposicionamiento de las posturas "pro vida" también es impulsada por Enrique Benavent, obispo de Tortosa y presidente de la influyente Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, aseguró que todo "político cristiano" tiene la obligación de enmendar o derogar las leyes que, desde su visión, atentan contra la vida.
Benavent aludió además a la objeción de conciencia, un recurso que supone obstáculos concretos al aborto: más del 84% de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2020 tuvieron que practicarse en clínicas privadas, de acuerdo al Ministerio de Sanidad. Cuando todo el personal médico de un hospital público se declara objetor, las personas que atraviesan un embarazo deben trasladarse necesariamente a otra ciudad o provincia.
Benavent aludió además a la objeción de conciencia, un recurso que supone obstáculos concretos al aborto: más del 84% de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2020 tuvieron que practicarse en clínicas privadas
En España, el aborto está despenalizado desde 1985, a partir de una ley de supuestos, pero en 2010 se modificó a través de una lógica de plazos, en sintonía con las normas de otros países europeos. Sin embargo, 11 de las cincuenta provincias nunca practicaron un aborto en los últimos doce años, es decir, desde que la ley promovida por José Luis Rodríguez Zapatero entró en vigor.
El lobby antiaborto y los objetores en los hospitales ha logrado que incluso en Ceuta y Melilla las mujeres deban cruzar hasta la península porque directamente no existen centros públicos y privados que garanticen esta práctica. La nueva ley de aborto que prepara Irene Montero busca crear un registro de objetores para que el sector público se ponga por delante de las clínicas concertadas.
La ministra ha consensuado el borrador con organizaciones feministas para blindar a las mujeres que deciden abortar y se exponen a las campañas de acoso y hostigamientos de grupos ultraconservadores como la Asociación Católica de Propagandistas y Hazte Oír. Montero también restituir a las menores de entre 16 y 17 años la prerrogativa de abortar sin autorización de sus padres o tutores, como impuso el PP durante el gobierno de Mariano Rajoy. Pero el mayor obstáculo para el aborto puede ser el Tribunal Constitucional, que desde 2010 ha dejado en suspenso una resolución sobre el recurso presentado por los populares a nueve artículos de la ley de Zapatero. El presidente del órgano, Pedro González Trevijano, admitió que la demora era inexplicable, si bien sigue postergando una decisión final. Lo que más preocupa a quienes defienden el derecho a la interrupción legal del embarazo es que el magistrado Enrique Arnaldo, cercano al PP, será quien redacte la sentencia.
Arnaldo es una figura conservadora, alineada con Génova y opuesto a la ley de aborto de 2010, y tiene la misión de preparar una ponencia que cuente con el apoyo del pleno del TC para conformar los sectores religiosos. Lo único que podría desbaratar los planes de los grupos conservadores es la dilatación de los tiempos hasta que una renovación del órgano de garantías traiga una mayoría progresista.
El escenario más optimista es que el TC reafirme la llamada ley Aído -por la ministra de Igualdad del PSOE, Bibiana Aído, promotora de la iniciativa- para zanjar definitivamente el asunto, aunque no es la única vía para impedir el acceso al aborto. Vox está con la mirada puesta en los legislativos autonómicos, inspirándose en el modelo de los estados en Estados Unidos que esperan la revocación de Roe vs. Wade para restringir el acceso al aborto en sus territorios.
Vox apuesta a llevar las competencias autonómicas a sus límites para impulsar modificaciones que limiten la interrupción de un embarazo. En la práctica, con las limitaciones geográficas y la objeción -sumadas a las campañas del integrismo católico- alcanzaría, pero Vox ya integra el Ejecutivo de Castilla y León y próximamente podría hacerlo también en Andalucía. Los ultras de Santiago Abascal ya estudian consideraciones autonómicas, reglamentaciones, normas complementarias y los resquicios disponibles para empujar una concepción más restrictiva al aborto.
Pero no se trata solo de Vox. Como bien señala una investigación de InfoLibre, senadores y dirigentes del PP respaldan iniciativas legales que fuerzan a las mujeres a hacerse una ecografía o escuchar el latido fetal antes de practicarse un aborto. Siete en total integran la organización Familia y Dignidad Humana, entre ellos el portavoz adjunto en el Congreso, José Ignacio Echániz y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. Vox y los dirigentes más radicales del PP ven como un faro moral a la Polonia de Ley y Justicia y la Hungría de Viktor Orbán en Europa, y al Partido Republicano de Donalt Trump del otro lado del Atlántico. Una ola conservadora como aquella que inspiró Ronald Reagan en los 80 está a punto de replicarse, piensan en las filas de Abascal. El embate con el Ejecutivo de Pedro Sánchez también pasará por el aborto en los próximos meses. Vox, los cuadros más integristas del PP y el fundamentalismo religioso ya se preparan para la batalla.