Por Mario Rivadulla
Lo menos que puede decirse es que mueve a indignado asombro el reclamo que hace el Procurador General de la República dirigido tanto al Ministro de Defensa como a la Dirección General de Migración, para que sea descontinuada la práctica de liberar sin cargos a los contrabandistas y traficantes de indocumentados que son apresados en la zona fronteriza, sin que además se conozca el destino de las mercancías incautadas a los primeros.
La información sobre tan insólita situación figura en el reportaje que publica el diario matutino “Hoy”, en su edición de este pasado jueves enviado desde San Juan de la Maguana, bajo la firma del periodista Manuel Espinosa Rosario. Este la sustenta en base a una correspondencia, de la cual afirma poseer copia, enviada al teniente general Rubén Darío Paulino Sem por el Procurador Jean Alain Rodríguez fechada el 22 de junio.
El texto de la misiva es bien explícito al demandar que los miembros de las instituciones militares y policiales que prestan servicio en la frontera y que incauten y bienes y valores en forma preventiva o de persecución, hagan entrega de los mismos en su totalidad y en las mismas condiciones en que hayan sido retenidos a la fiscalía de la provincia donde se haya producido el ilícito, dado que se trata de un cuerpo de delito.
En su amplio reportaje, el periodista Espinosa Rosario señala que en anteriores entregas informativas había estado reflejando el disgusto generado entre los principales funcionarios del Ministerio Público en la provincia sanjuanera, debido a la injustificada práctica de dejar en libertad tanto a los contrabandistas de mercancías como a los integrantes de las mafias dedicadas a introducir de manera ilegal haitianos indocumentados a territorio dominicano. Esta acción está categorizada a nivel internacional como un grave delito de “tráfico de personas”.
La única explicación lógica que se le encuentra a esta práctica que arropa de la más bochornosa impunidad esas actividades delictivas es que sus autores negocian su libertad a base de sobornos, lo que convierte a quienes los reciben en cómplices de los mismos, con el elemento agravante de que están violando el juramento de fidelidad en el cumplimiento de su deber en los respectivos cuerpos a los cuales pertenecen. Un comportamiento vergonzoso que desmoraliza y desincentiva a quienes, por el contrario, se esfuerzan por honrar el mismo.
Sin embargo, no hay que llamarse a engaño ni dejarse ganar por el asombro, en tanto más que sabido la reiterada práctica del “macuteo fronterizo”, tantas veces denunciada por el sacerdote Regino Martínez, testigo de excepción y de primera mano del rejuego del deportado en la mañana y retornado en la tarde. Pero si, en cambio, motivar a preocupación en la medida que un delito de poca monta como agenciarse unos pesos por aquí y otros pocos allá para dejar pasar unos cuantos indocumentados hacia este lado de la isla, para complacencia y beneficio de quienes aprovechando su condición de ilegalidad reclutan y explotan su mano de obra barata, se llegue a los extremos de gravedad a que hace referencia en su misiva el Procurador General.
Queda por ver la reacción y los efectos que produzca la misma, o si, como ha ocurrido en otros tantos casos y situaciones que ponen al desnudo acciones delictivas, no irá más allá de un simple vagido ocasional para salir del paso sin mayores consecuencias, que pronto perderá interés desbancado por los otros muchos temas que van desplazándose unos a otros a imperativos de la cambiante y dinámica actualidad noticiosa de nuestro país.
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