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Operación 13 y Medusa: Implicados claves siguen prófugos


Santo Domingo, RD Han pasado casi cuatro meses desde que iniciaron las pesquisas de la Operación 13 y casi dos de la Operación Medusa. Aunque en ambos casos de presunta corrupción ya se ha dictado la medida de coerción para sus implicados, quienes en su mayoría llevan semanas arrestados, aún quedan presuntos involucrados sin dar la cara ante la justicia.





Se trata de Leónidas Medina Arvelo, acusado en la Operación 13 y de Rafael Cano Sacco, implicado en la Operación Medusa; ambos piezas claves e importantes personajes en los entramados que investiga y trata de demostrar el Ministerio Público ante los tribunales dominicanos. 





Operación Medusa





El pasado 28 de junio iniciaron los apresamientos y allanamientos de la Operación Medusa con Miguel José Moya, para quien más adelante el tribunal presidido por la jueza Kenya Romero dispuso libertad bajo fianza y presentación periódica. 





Más de un mes y medio después de que se hiciera pública la investigación por la que están apresados 7 antiguos funcionarios del Ministerio Público, entre ellos el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. 





Pero la lista de nueve presuntos implicados que se presentó en la solicitud de medida de coerción sigue incompleta. 





La pieza faltante del supuesto entramado desarrollado entre 2016 y 2020 en el principal órgano persecutor de la criminalidad es Rafael Stefano Canó Sacco, quien además de ejercer como director de gabinete de la PGR, es descrito como uno de los acusados de mayor cercanía y confianza del exprocurador Rodríguez.





Se presume que el exfuncionario de primer nivel habría viajado a España días antes de que detuvieran al resto de sus compañeros. Pese a que se emitió una orden de arresto en su contra, el antiguo incumbente no ha regresado al país.





A inicios de julio, Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), declaró ante la prensa que solicitaron colaboración de organismos internacionales como la Interpol para arrestarlo. 





A pesar de haber asegurado que harían “lo que sea necesario” para arrestar a quienes están pendiente del proceso y se integren a conocerlo, aún se desconoce el paradero de este prófugo de la justicia.





Periodistas de Listín Diario se intentaron contactar con miembros de la PGR para conocer cómo evolucionan las investigaciones para búsqueda y captura de Cano Sacco, pero fue sin éxito alguno.





El también miembro del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue designado en 2016 como jefe del gabinete de la PGR con la labor de “coordinar a nivel nacional las iniciativas y proyectos especializados de carácter administrativo, operativo y de recursos humanos”.





Sin embargo, la acusación expone que en provecho de la autoridad que le confería el cargo que ostentaba en la institución, Cano Sacco se dedicó a influenciar los procesos de compras de la institución para su beneficio. 





Pero eso no fue todo, además se le acusa de beneficiar a un conjunto de empresas mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la institución en la que laboraba y de recibir dinero de las compañías que “ganaron” estas licitaciones, configurándose así una “estafa agravada”, de acuerdo con el expediente de la Operación Medusa.





Uno de los casos citados por los fiscales fue el de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez, EIRL, que ganó uno de estos sorteos por presuntas maniobras irregulares de Canó Sacco, que resultaría beneficiado con esta adjudicación ya que el dueño de la entidad, Daniel Elías Manzur Báez, es señalado como su socio.





Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, quien se desempeñaba como encargada del Departamento de Almacén y Suministro de la PGR y está apresada desde octubre de 2020 por un robo millonario en la institución, fue quien aseguró que la referida empresa no prestó ninguno de los servicios para la que fue contratada.





Asimismo, Miguel José Moya manifestó en uno de los interrogatorios en presencia de su abogado, que en el año 2017 fue contactado por Rafael Stefano Canó Sacco con quien se terminó reuniendo un poco después.





“Una vez ganamos la licitación lo que encontramos es que el Procurador quería crear un show de marketing con el caso Odebrecht”, dijo José Moya.





Los fiscales que han investigado a Jean Alain Rodríguez y parte de su personal en su gestión en la PGR señalan que fueron nombradas personas para hacer activismo político en el Ministerio Público durante la campaña electoral del año 2020, por medio del “Movimiento Político Renovación”, una agrupación política dirigida por Canó desde 2016.





El bolo que no aparece





El pasado 18 de junio la jueza Kenya Romero dictó medida de coerción en contra de los implicados en la Operación 13, investigación que persigue a varios empleados de la Lotería Nacional involucrados en el supuesto fraude millonario en un sorteo del 1 de mayo. 





Algunas siete personas están bajo prisión domiciliaria y en centros penitenciarios, mientras a tres le corresponde presentación periódica; pero en evidente acción rebelde Leónidas Medina Arvelo, el presunto jefe operativo del desfalco, se dio a la fuga.





Este encartado, conocido como “Nazaret” o “Naza”, es uno de los más mencionados por el Ministerio Público en el expediente que detalla el “modus operandi” del entramado.





Wilson Camacho informó que desde el momento en que se conoció su participación en este entramado denominado “Operación 13”, se hacen las diligencias para arrestarlo; pero todavía no se ha presentado a los tribunales.





Aunque los fiscales enfatizaron que no es el cabecilla de grupo, el expediente de solicitud de medida de coerción expone que Nazaret fue designado como “eje operativo de la operación para la materialización de los hechos”, por William Lizandro Rosario Ortiz, expresidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) y Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional.





Al igual que Canó Sacco, Naza se esfumó en un vuelo hacia Estados Unidos el 5 de mayo, no sin antes dirigirse a distintas bancas de lotería a registrar jugadas de “grandes sumas de dinero” al número 13. 





Según registros periodísticos, el motivo del viaje fue recolectar el dinero producto del sorteo y cuatro días después otro con rumbo desconocido.





La promesa de más





Ha sido una constante en cada uno de los casos de corrupción que ha llevado el Ministerio Público a los tribunales el pregonar que aún faltan personas involucradas.





“Llamaremos a tantas personas como nos indiquen las evidencias” y “Aquí faltan más de los que están, pero van a estar”, son algunas de las expresiones que han usado los fiscales en distintas oportunidades para advertir que “pronto” alcanzarán a más personas en estos procesos, pero hasta donde se sabe aún no se agrega la primera.





Mientras estos dos personajes continúan prófugos de la justicia dominicana.





Acusaciones





Según la acusación de Operación Medusa, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.





Además de crímenes y delitos de alta tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje, otras de las acusaciones en contra de los apresados son coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.





Mientras que en Operación 13, los fiscales les acusan de incurrir en acciones que constituyen una asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos.





Las indagatorias se originaron luego de que se viera en un audiovisual cómo el no vidente Miguel Mejía simula pasar el bolo a la conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.





El grupo fue arrestado en el transcurso de 15 allanamientos realizados el sábado 12 de junio, con autorización judicial, en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Nouel y Santo Domingo.

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