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El 6 de septiembre se sabrá si darán prórroga para el caso Pulpo


Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD





 La jueza suplente del Ter­cer Juzgado de la Instruc­ción del Distrito Nacional, decidirá el 6 de septiem­bre si concede una prórro­ga de cuatro meses más para presentar la acusa­ción contra Alexis Medina Sánchez y los demás im­putados por corrupción y lavado de activos del Caso Pulpo.





La jueza Yanibel Rivas fijó para ese día a las 9:00 de la mañana el conocimien­to del pedido presentado por la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Adminis­trativa (Pepca) y la Direc­ción de Persecución.





Mientras que el 3 de sep­tiembre, el mismo tribu­nal conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción a los implica­dos en el entramado de co­rrupción que fueron envia­dos a prisión y con arrestos domiciliarios.





Asimismo, la jueza cono­cerá este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción a Alexis Medina, quien había recusado al ma­gistrado Amauris Martínez, apoderado para la revisión de la medida de coerción.





En torno al caso guardan prisión en la cárcel de Na­jayo, además de Alexis Medina, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejan­dro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Ju­lián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Car­mona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.





Otros implicados son Car­men Magalys Medina Sán­chez, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Ra­fael Antonio Germosén An­dújar, ex contralor general de la República.





El pedimento de la Pepca
La Pepca plantea que su soli­citud obedece, entre otras ra­zones, a que espera una in­vestigación de la Cámara de Cuentas, que ya está en pro­ceso, como le comunicó el 29 de julio el presidente de ese órgano de control, Janel Andrés Ramírez Sánchez.





Dijo que mantiene una inves­tigación activa contra la red de corrupción y que a medi­da que avanza, la situación de los procesados es más grave y compleja.





BASE ACUSACIÓN
Cargos contra grupo

La red, según el Ministerio Público, forman parte de un grupo de exfuncionarios y proveedores privilegiados y testaferros, a quienes se le acusa de aprovechar los vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas.

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