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Preocupante.Jueza denuncia amenazas; al parecer proviene de sectores policiales

Santiago.-La Jueza Denisse Hernández de la Nuez, madre del menor Alan Fermín Sheperd Hernández cuya pierna fue mutilada por una patrulla policial, denunció que ella y su familia son víctimas de amenazas. 

Dijo que varios individuos llegaron en su vehículo la madrugada de este martes, aparentemente uno de ellos se desmontó y tocó la puerta de hierro del frente de la casa y luego realizó tres disparos con el arma de fuego que portaba. 

Inmediatamente se escuchó cuando se cerró la puerta del vehículo y se marcharon rápidamente. 

“Se nota claramente que lo que se trató fue de un acto de intimidación hacia mi persona para que no siga reclamando justicia en contra de los criminales que casi nos matan a mi niño y a mí”, refiere la magistrada.

Narró que en la madrugada, específicamente a eso de las 4:20 de la madrugada, su familia y ella fueron víctimas de un acto de amenaza.

El pasado 24 de diciembre, la jueza Hernández de la Nuez  dijo que se apresta a someter a los otros tres agentes del Dicrim.

También está sopesando la posibilidad de querellarse contra el director del comando Cibao Central de la Policía, general Orison Olivence Minaya por presunta complicidad.  

La magistrada quien ejerce como juez de tránsito en Puerto Plata dijo a reporteros de El Caribe, que Olivense Minaya se niega a suministrar las identidades de los otros tres policías que se desplazaban en el vehículo junto al sargento al que le fue impuesto tres meses de prisión preventiva

2 Comentarios

  1. Un caso bochornoso y muy lamentable, en el que hay implicados y cuyas identidades, para posterior sometimiento a la acción de la justicia, son protegidas. ¿Por qué negar el dato? ¿Para qué encubrir la identidad de los implicados en el triste y aparatoso accidente, en el que un ciudadano perdió una de sus extremidades inferiores?

    Un accidente de tránsito provocado por la imprudencia, a todas luces, de la patrulla policial, que con la supuesta excusa de “estar persiguiendo a unos delincuentes”, se cruzó la luz roja del semáforo y colisionó aparatosamente con el joven hoy hospitalizado, hijo de la Magistrada Hernández de la Nuez. Los intentos de esta jueza por lograr el sometimiento regular de los tres “protegidos”, han sido infructuosos y a cambio a esta representante de la Ley se le amedrenta, no se sabe con cuáles fines. Resulta un contrasentido que esta familia sea la ofendida, la agraviada por el manejo temerario de una patrulla policial y que –evidentemente- los causantes de la tragedia le traten de meter cuco.

    La ley de tránsito en la República Dominicana, a pesar de las tímidas sanciones aplicadas a los infractores, ha sido modificada por la Ley No. 114-99, en sus artículos 49, 51, 52 y 109 y de ella sería inteligente aplicar a los implicados hallados culpables del aparatoso accidente, el artículo 49 modificado, cuya letra d) reza de la siguiente forma:

    Art. 49.- Golpes o heridas causadas inintencionalmente con el manejo de un vehículo de motor.
    El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamentos causare inintencionalmente, con el manejo o conducción de un vehículo de motor, un accidente que ocasionare golpes o heridas, se castigará con las penas siguientes:
    d) De nueve (9) meses a tres (3) años de prisión y multa de setecientos pesos (RD$700.00) a tres mil pesos (RD$3.000.00), si los golpes o heridas ocasionaren a la víctima una lesión permanente. El juez, además, ordenará la suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años.

    Sin embargo, hay que admitir que en la República Dominicana, las cosas no andan bien, todo camina de patas arriba. Las leyes se aplican sólo a los más débiles; los más fuertes, entre los cuales se cuentan militares, policías y otros servidores públicos, quienes con ese manto de impunidad, arrastran automáticamente a todos sus familiares y relacionados, están exentos de cualquier tipo de penalidad que pudiera intentar aplicarles.

    En el caso del joven accidentado, con pérdida permanente de uno de sus miembros, sólo se espera la aplicación de la ley y la observación del debido proceso, a fin de llevar la tranquilidad y satisfacción de la familia afectada, algo tan sencillo, tan elemental es lo que se solicita, razón por la que las diligencias iniciadas por la Magistrada Hernández de la Nuez no deben ser entorpecidas por terceros interesados!

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