La Cámara de Diputados aprobó un préstamo por un monto hasta 200 millones de dólares para financiar el programa de fortalecimiento de la política pública y Gestión Fiscal en repuesta a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19.
La iniciativa fue aprobada con 74 votos a favor y se registraron 24 votos en contra y 45 abstenciones.
El convenio de préstamo fue suscrito con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y tiene como fin contribuir al fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la política pública y la gestión fiscal del gobierno, en respuesta a los efectos causados por la pandemia.
Para lograr esos objetivos, de acuerdo al informe de la Comisión Permanente de Hacienda, el Gobierno diseñará e implementará medidas de políticas efectivas y fiscalmente responsables para proveer la estabilización económica y esfuerzos de desarrollo.
Dicho préstamo devengará intereses que serán pagaderos semestralmente por el país, al vencimiento de la tasa variable aplicable, con una tasa de interés basada en LIBOR más el margen de 1.10% sobre el monto principal desembolsado y pendiente de pago para cada periodo de intereses.
El mismo cuenta con un periodo de gracia de 7 años y será amortizado mediante 18 cuotas semestrales, consecutivas y exigibles. La primera cuota será pagada el 10 de agosto de 2028 y la última, el 10 de febrero de 2046.
“En cuanto a las comisiones, la República Dominicana pagará una comisión inicial a una tasa de un 0.1 por ciento que será deducida del monto solicitado del primer y único desembolso”, expresa el documento.
El informe de la Comisión Permanente de Hacienda cuenta con la firma de seis de los 15 diputados miembros.
Debates acalorados
Uno de los que agotaron turno para exponer sus criterios en torno al préstamo fue el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, quien aseguró que esa bancada estaba en contra de la aprobación de más préstamos y que por eso se negaban a votar por el mismo.
Consideró que se trata de “financiamientos inescrupulosos” y exhortó a los perremeistas a ser los “culpables” de continuar encausando el país por más endeudamientos.
Su posición, exhortando al diputado de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel, quien le antecedió en su exposición, y a otros congresistas a demostrar si votaría en contra para contribuir con el quórum y por ende con la aprobación de esa iniciativa fue cuestionada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
El líder de la cámara baja dijo que ningún congresista debía condicionar a los demás legisladores porque cada uno debe votar por su conciencia, la decisión de sus partidos o la conveniencia de sus electores.
En tanto que el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, aseguró que esa bancada tenía su posición clara y definida y retó al bloque del PLD a demostrar con su voto negativo su oposición a la aprobación de más préstamos, debido a que si se sumaban los votos de las bancadas del PLD y de la Fuerza del Pueblo eran mayoría frente al bloque del PRM.
“Es buen momento para votar contrario y mostrarle al pueblo quienes son los que están jugando doble cara”, expresó de forma enfática.
Compra de acciones
Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó un convenio de suscripción de acciones por aumento de capital con el objetivo de suscribir 12,240 acciones serie B del capital autorizado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), adicionales a las 25,600 acciones que actualmente tiene la República Dominicana con esa entidad.
El convenio fue suscrito el 4 de agosto de 2021 y tiene un valor total de 122 millones 400 mil dólares, de los cuales corresponden a capital pagadero la suma de 30 millones 600 mil dólares.
En la misiva remitida a la Cámara baja por el presidente Luis Abinader éste explica que el convenio establece que por concepto de capital pagadero y que corresponde al 25 por ciento, la República Dominicana se obliga a pagar la cantidad de 30 millones 600 mil dólares y el 75 por ciento, restante que corresponde a la suma de 91 millones 800 mil dólares será capital exigible.
Añade, además, que las acciones adquiridas no devengan intereses ni dividendos y no podrán ser dadas en garantía, gravamen ni enajenadas de forma alguna, siendo únicamente transferibles al BCIE.
Al agotar un turno el diputado peledeísta Eddy Montás aclaró que ese convenio no era un préstamo sino adquisición de acciones y constituye una de las iniciativas que todos los legisladores deberían respaldar.
Destacó que el BCIE no es un banco pecuniario y que al final del año los beneficios económicos obtenidos se retribuyen en proyectos no reembolsables de los países miembros.
La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo el 6 de septiembre pasado y remitida a la comisión Permanente de Hacienda el pasado 14 del septiembre.