Donald Trump ha fracasado. El gran negociador, el dealmaker, el hombre que todo lo puede, ha sufrido de la mano de su propio partido la mayor humillación de su corta presidencia. Su reforma sanitaria ha sido retirada después de que su votación en la Cámara de Representantes fuera suspendida in extremis ante la constatación de que no iba a lograr la mayoría suficiente. De nada han servido sus presiones ni amenazas a los congresistas. Los halcones del Freedom Caucus, herederos del Tea Party, se enrocaron en su rechazo e hicieron sentir al multimillonario el verdadero precio de la política. Su proyecto quedó malherido antes de nacer y el propio Trump anunció que tardará en volver a presentarlo. "Cuando el Obamacare explote", dijo.
La derrota es de Trump. Él había asumido el liderazgo de la batalla y él, pese a contar con mayoría en la Cámara de Representantes, ha sido incapaz de torcer la mano a sus propios correligionarios. Se reunió con ellos y les ofreció cesiones de enorme calado, incluida la eliminación de prestaciones sanitarias básicas. Pero no pudo convencerles. Y cuando en un gesto de fuerza decidió lanzarles el pulso y adelantar al viernes la votación, perdió. "Viviremos con el Obamacare en un futuro próximo. No tenemos suficientes apoyos y hemos perdido, pero no es el fin de la historia, quedan muchos proyectos por delante", señaló el líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
Ahora, con una valoración por los suelos (sólo el 37% aprueba su gestión), tendrá que digerir su fracaso y decidir si abre una nueva y dolorosa negociación. En caso de hacerlo, el camino será largo. Los republicanos moderados temen perder su base electoral y los halcones traicionar su ideología. La conciliación es compleja. Si la ley vira hacia el lado más social, los ultras volverán a las andadas. Pero si se asumen las exigencias radicales, basadas en una drástica reducción de las prestaciones sanitarias mínimas, entonces la propuesta fracasará en su siguiente instancia, el Senado. Allí, un grupo de notables republicanos con capacidad de bloqueo ya ha hecho saber no aceptará ninguna reforma que reduzca la cobertura que ya se ofrece. Y si salva ese escollo, la norma aún debería ser refrendada por un comité conjunto y finalmente por el voto de ambas Cámaras.
La tensión es paradójica. El mismo Obamacare que ahora ha dividido a los republicanos, durante años les ha unido. Desde que en 2010 el presidente demócrata sacara adelante su proyecto, los conservadores lo han considerado un compendio de los males de la izquierda. Da igual que haya extendido la cobertura a 20 millones de personas o que haya puesto veto a la cruel práctica de las aseguradoras de rechazar o esquilmar a pacientes con dolencias previas. Para los republicanos el sistema desarrollado por Obama ataca la raíz de su ideología: amplia la burocracia federal, ahonda el déficit y acaba con la libertad de elección.
Trump, con instinto político, ha sabido monopolizar este malestar. En campaña y como presidente golpeó sin compasión la criatura de Obama y anunció que sería él y nadie más quien la sacrificaría. Y así lo escenificó. A principios de marzo, cuando el líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, presentó el proyecto alternativo, el presidente se lo apropió. Tras el fracaso judicial de su veto migratorio y con las llamas del escándalo ruso cercándole, la reforma sanitaria se volvió su gran válvula de escape y su primer examen parlamentario.
El proyecto apadrinado por Trump se define por eliminar la obligatoriedad del seguro médico, congelar el programa para los más desfavorecidos y poner fin al aparato impositivo que nutre la red asistencial. La deconstrucción es profunda pero no completa. Sigue prohibiendo a las aseguradoras rechazar a un paciente con enfermedades previas y da plazos para desmantelar la obra de su antecesor. El resultado es un híbrido que no ha satisfecho el ansia liquidacionista de los radicales pero tampoco cumplido la promesa de Trump de garantizar la cobertura universal.
La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo no partidista y cuyos estudios gozan de reconocimiento general, ha establecido que la aplicación del plan republicano supone dejar sin seguro médico a 14 millones de personas el año próximo y 24 millones en una década, lo que elevaría la población sin cobertura a 52 millones. También implicaría una subida de las pólizas del 15% al 20% para los dos próximos años. Todo ello ha sido desmentido por la Casa Blanca, que ha tomado como única referencia del estudio el ahorro que implica su proyecto: 150.000 millones de dólares en una década.
Para los radicales nada de esto vale. Su obsesión es que se abaraten los seguros médicos y se reduzca el peso estatal en la vida civil. Con este fin exigieron que se eliminase del proyecto las denominadas prestaciones sanitarias esenciales incluidas por ley en las pólizas y que comprenden la medicina preventiva, la atención de urgencias, la estancia hospitalaria, los cuidados mentales y la maternidad.
La petición era prácticamente suicida. Como recordó Paul Ryan, asumirla suponía que la reforma nunca podría superar el filtro del Senado, donde la mayoría republicana es exigua (52 contra 48) y los moderados ya han anunciado que rechazarían una ley deshuesada hasta tal punto.
El intento final de conciliar ambos intereses no dio resultado. Aunque Trump aceptó la impopular rebaja de las prestaciones, los ultraconservadores consideraron que seguía siendo excesivo el intervencionismo estatal en la sanidad. Llegados a este punto, cualquier paso más suponía incendiar el ala moderada. La capacidad de maniobra se había agotado. El negociador había perdido.
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