HIGÜEY.-El Ministerio Público logró que fuera dictada una condena de 30 años de reclusión y el pago de 500 salarios mínimos contra una imputada a la que acusó de cometer los delitos de incesto, actos de torturas y barbarie, así como de abuso sexual, en perjuicio de su hija de 7 años de edad.
De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría, la condena fue impuesta por el Tribunal Colegiado contra la imputada Mirka Rosario, quien también fue acusada de incurrir en actos de explotación sexual comercial, fotografiar y filmar menores de edad y de pornografía infantil contra la menor, cuyo nombre se omite por razones legales.
"La imputada, que fue apresada el día 25 de abril de 2013, sostenía relaciones incestuosas con su hija, además la fotografiaba, grababa desnuda con un celular, enviaba imágenes y videos pornográficos vía internet a personas en el extranjero a cambio de dinero", expuso el Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia.
Según el informe, si la niña se rehusaba a la acción, la imputada la amarraba a la cama desnuda, la golpeaba, y procedía a cometer prácticas sadomasoquistas.
La Procuraduría Fiscal de La Altagracia, que dirige Edwin Encarnación Medina, estuvo representada en la audiencia por el procurador fiscal Daniel Alberto Robles Nivar, quien también tuvo a cargo la investigación del caso desde el principio, conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Mientras que el tribunal estuvo integrado por los jueces Sagrario del Rio, Vicente Martes y Domingo Duvergé, quienes declararon como buenas y válidas las diferentes pruebas aportadas por el Ministerio Público, y en consecuencia dictaron la pena máxima en contra de la inculpada.