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SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que, una vez sea recibida la sentencia núm. 00278-2014, emitida hoy por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, con las debidas motivaciones, acudirá ante el Tribunal Constitucional para solicitar la revisión de ese fallo, que ordena a esa entidad recaudadora a no ejecutar la resolución que dispone gravar las compras por internet menores a los US$200.
En un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, Aduanas dicce "rechazar la parte dispositiva que se ha dado a conocer", al referrirse a la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
"La DGA expresa el rechazo a la referida sentencia, en razón de que entiende no se han vulnerado derechos fundamentales de los tipos contenidos en la Constitución de la República vigente, tal como fue explicado por los abogados que representaron a la entidad ante el referido Tribunal", afirma esa institución.
En tanto, entrevistado por las periodistas Altagracia Salazar y Diana Lora, el director de la DGA, Fernando Fernández, insistió que la medida de la institución que dirige se ha acogido a lo que establecen las leyes, al emitir la resolución que diversos sectores, incluido los consumidores califican de ilegal porque viola un decreto presidencial y establece un impuesto sin antes pasar por el Congreso de la República.
En un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, Aduanas dicce "rechazar la parte dispositiva que se ha dado a conocer", al referrirse a la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
"La DGA expresa el rechazo a la referida sentencia, en razón de que entiende no se han vulnerado derechos fundamentales de los tipos contenidos en la Constitución de la República vigente, tal como fue explicado por los abogados que representaron a la entidad ante el referido Tribunal", afirma esa institución.
En tanto, entrevistado por las periodistas Altagracia Salazar y Diana Lora, el director de la DGA, Fernando Fernández, insistió que la medida de la institución que dirige se ha acogido a lo que establecen las leyes, al emitir la resolución que diversos sectores, incluido los consumidores califican de ilegal porque viola un decreto presidencial y establece un impuesto sin antes pasar por el Congreso de la República.